El 27 de junio de 1973 el entonces presidente, Juan María Bordaberry, disuelve el parlamento con el apoyo de las Fuerzas Armadas y meses más tarde crea unConsejo de Estado con funciones legislativas, de contralor administrativo y con encargo de proyectar una reforma constitucional "que reafirme los principios republicanos-democráticos", restringe la libertad de expresión de pensamiento y faculta a las FF.AA. y policiales para asegurar la prestación ininterrumpida de los servicios públicos.
El golpe de estado de junio de 1973 y su Consejo de Estado resultante se vio inmediatamente resistido por gran parte de la ciudadanía y por los trabajadores agrupados en la Convención Nacional de Trabajadores (CNT), así como también por el Movimiento Estudiantil, principalmente representado por la Federación de Estudiantes Universitarios (FEUU) de la Universidad de la República, quienes realizaron una huelga general de 15 días de duración, la más larga de la historia hasta el momento.
Las Fuerzas Armadas detuvieron a dirigentes de izquierda y a otros ciudadanos sin posición política acusándolos de sedición durante todo el tiempo que duró la dictadura militar, es decir, hasta 1985, así como también (durante breves lapsos) a connotados dirigentes de los partidos políticos tradicionales como Jorge Batlle Ibáñez y Luis Alberto Lacalle de Herrera, quienes posteriormente serían Presidentes de la República con la vuelta a la democracia, entre otros.
Los integrantes de partidos "de izquierda" fueron recluidos en casi total incomunicación y sufrieron apremios físicos y psicológicos (comprobados posteriormente por organismos como la Cruz Roja Internacional), mientras que los de los partidos tradicionales fueron liberados, sin dejar por ello de ser sospechosos en todo momento y sometidos a vigilancia permanente. En las cárceles uruguayas murieron cerca de un centenar de prisioneros políticos y continúan desaparecidas otras 140 personas.18
En 1976, al terminar Bordaberry su mandato constitucional, ante la convicción de que el caos político que había vivido el país era responsabilidad de su sistema político, propone a la Junta de Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas una reforma del sistema institucional del país, eliminando los partidos políticos y sustituyéndolos por "corrientes de opinión" en un sistema de corte corporativista, idea que no es compartida por los militares. Las desavenencias entre Bordaberry y los militares generaron la crisis política de junio de 1976, que culminó con la remoción del presidente y la designación interina de Alberto Demicheli para ocupar la primera magistratura.
Demicheli, quien hasta entonces había ejercido la presidencia del Consejo de Estado, asume la presidencia de la República el 12 de julio. Como primeras medidas de su gobierno, procedió a firmar las Actas Institucionales 1 y 2, por las que suspendía "hasta nuevo pronunciamiento" la convocatoria a elecciones generales (previstas para noviembre de ese mismo año) y se creaba el "Consejo de la Nación". En cuanto a lo que se refiere a la política económica, Demicheli ratificó el Plan Nacional de Desarrollo creado en 1972 durante el gobierno de Bordaberry. La política económica aplicada procuraba una reformulación radical de las bases del funcionamiento económico del país, una nueva alianza entre los militares y la tecnoburocracia, encaminada a la transformación de las estructuras productivas del comercio exterior, de la distribución del ingreso, de la demanda y de los precios relativos, en un marco de amplia liberalización y apertura de la economía. Finalmente, el 1 de setiembre del mismo año, Demichelli delega la presidencia a Aparicio Méndez (ex Ministro de Salud Pública), quien asume por un período de cinco años.
No hay comentarios:
Publicar un comentario